DENUNCIA PUBLICA CONTRA EL GOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIA GUADALUPE OSUNA MILLAN

ISEGORÍA

Pagar los costos de la democracia representativa

“El lugar donde vivo no es el mío”. E. Diego: Desde la eternidad

Por Sergio Gómez Montero 2008-05-28 00:00:00 Ensenada, B.C. - La respuesta del señor gobernador no tiene desperdicio: “Si tiene alguna duda, denúncieme”. Digo, ¿usted, ciudadano común y corriente lo haría? Si no lo podemos hacer los periodistas de Ensenada, porque sabemos que no tendría ningún resultado positivo el hacerlo, ¿tiene caso denunciar a Guadalupe Osuna Millán por haber violado flagrantemente la ley al nombrar a César Mancillas como secretario de Pesca del estado? Esa acción cargada de prepotencia y de autoritarismo hacía evidente, como lo denuncia aquí mismo Javier Cruz, las cargas brutales de corrupción que ese nombramiento oculta y cómo, de entrada, la ley queda al margen de ese tipo de acciones de gobierno. Y claro, lo antes dicho no es lo único. Lo sucedido por estos días en la Cruz Roja local, en donde la irrupción violenta de las fuerzas policíacas a sus instalaciones para secuestrar a tres personas que en ese momento estaban allí internadas en tratamiento médico, viola las reglas internacionales al respecto y es una acción, por decir algo, que ni en Irak o Zimbabwe (dos países actualmente en guerra) llega a suceder, es otro ejemplo patente de la situación local y nacional que hoy vivimos. ¿En qué se ampara Osuna Millán para violar la ley tan flagrantemente? En una cuestión que para los panistas de todo el país (y de paso para todos quienes representan hoy entre nosotros la democracia representativa) es evidente: desde julio del 2006 vive México en un estado de excepción en donde quienes establecen las leyes (o las reglas, más bien, si se quiere) son tan sólo quienes se mueven en el ámbito privilegiado de esa democracia representativa (resultado de lo electoral) para quienes pisotear las leyes que la Constitución ampara es una cuestión de facto, si sus intereses facciosos así lo requieren: que si de privatizar el petróleo se trata, lo privatizamos; que si militarizar se considera necesario, que nadie dude: que el ejército patrulle las calles; que si es necesario violentar los ecosistemas, hacerlo, nos vale madres el Cañón de Doña Petra y el medio ambiente playero de nuestra ciudad; que si violar los derechos humanos, ¿cuáles?, las indígenas violadas hoy mueren de gastritis; que si de detenciones arbitrarias, como la del profesor y compañero Cuitlauac Mata se trata, ejecutarlas con lujo de violencia es lo normal. Todo se vale, pues hoy en México existe un estado de excepción cuya raíz es el fraude –es decir, una violación flagrante de la ley-- que permitió que un Presidente espurio encabece al Ejecutivo. Desde allí entonces se ha creado un Estado que opera bajo sus propias reglas (sus propias leyes por así decirlo) e instituciones, incluyendo a los tres poderes y los tres niveles de gobierno, y que permite todo lo enumerado renglones arriba. Si los tres poderes (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial) y los tres niveles de gobierno (el federal, el estatal y el municipal) están allí involucrados, virtualmente hoy se encuentran clausuradas todas aquellas acciones que denuncien el conjunto de tropelías que los tres poderes y los tres niveles de gobierno están hoy cometiendo en contra, casi (quedan al margen, desde luego sus cómplices: múltiples empresarios, la alta jerarquía católica, empresas extranjeras y un etcétera que no es muy largo), de todo el resto del país. ¿Qué hacer entonces frente a tanta inequidad? ¿Puede uno frenar y revertir las acciones que se realizan al amparo del estado de excepción? Sí, siempre y cuando uno también actúe excepcionalmente tratando de imponer una democracia diferente a la corrupta representativa que hoy predomina. Un camino largo y tortuoso, es cierto, pero que hay que comenzar a andar. * Catedrático del CUT y miembro de Democracia Popular