La militarización del territorio nacional pone en riesgo la vida y seguridad de las mujeres
El crudo, indiscriminado e inconstitucional proceso de militarización de la vida civil del país, tiene en Ciudad Juárez una expresión extrema de violencia institucional que multiplica la violencia por medio de la impunidad de integrantes de las fuerzas armadas que actúan en el estado, con lo que se atenta contra los derechos humanos de las mujeres que son agredidas. En este proceso, las mujeres somos vistas en forma diversa, por la cultura misógina patriarcal y se nos asume como parte de los bonos que se ofrecen a las fuerzas represivas del Estado.
La abierta e inmoral criminalización de la protesta social –que ahora se pretende aplicar retroactivamente, pues la reforma al 139 del Código Penal Federal que fue aprobada en abril de 2007- significa la renuncia al diálogo por parte del gobierno, y se vive en la indiscriminada represión policial, la descalificación del movimiento social, la militarización que trae consigo detenciones arbitrarias y otras violaciones al debido proceso, que equipara a luchadores sociales con delincuentes y pone agravantes a las acusaciones contra ellos.
Un ejemplo de esto, es el caso de Cipriana Jurado, integrante del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, quien el pasado 3 de abril, fue arrestada arbitrariamente –sin exhibir la orden de aprehensión- por policías federales, pretendiendo responsabilizarla de un bloqueo de una hora al Puente Internacional Santa Fe, ocurrido en 2006 en el que participaron centenares de personas.
Consideramos sumamente preocupante las declaraciones emitidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a través de un comunicado, en el que afirman que "la organización CARRILLO FUENTES empleando uniformes similares a los de uso militar pretende: Efectuar actos ostensibles a plena luz del día, a bordo de vehículos civiles pintados como los del ejercito mexicano (y) realizar violaciones tumultuarias durante supuestos cateos a casas habitación, negocios y centros nocturnos". La SEDENA informa también, que esta organización ha emprendido una estrategia, la cual consiste en financiar marchas, plantones y pronunciamientos sin fundamento para desprestigiar al Ejército Mexicano. Nos parece indignante que la SEDENA generalice que todas las marchas, plantones y pronunciamientos son financiados por el Cartel de Juárez.
Por todo esto, las organizaciones que conformamos el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio manifestamos que:
Exigimos el retiro inmediato de los cargos a quienes injustamente se les ha imputado un delito en el marco legal antes expuesto y que hoy se encuentran en libertad "condicional", y se dicte la libertad absoluta, para que puedan reintegrarse a la vida cotidiana con seguridad.
Exigimos que el Ejército asuma los abusos y arbitrariedades que ha cometido contra la ciudadanía poniendo en riesgo la integridad de las y los mexicanos
Este Observatorio se pronuncia enérgicamente en exigencia del respeto por parte del Estado a la labor de defensoría de los derechos humanos, protegida por la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, (A/RES/53/144-1999; Artículo 12.3).
Exigimos se garantice un contexto de seguridad en la vida de las mujeres, en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de las recomendaciones jurídicamente vinculantes emitidas a México por los organismos internacionales de protección a los derechos humanos.
¡Las mujeres no somos botín de guerra!
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio conformado por 40 organizaciones en 17 estados del país
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